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Su finalidad es registrar fiscalmente la operación y generar ingresos para el Estado. La responsabilidad de este pago generalmente recae sobre el promitente comprador, aunque el contrato puede estipular una distribución diferente.
Otra contingencia fundamental es la inspección de vivienda, mediante la cual un profesional cualificado examina el estado estructural y funcional del inmueble para detectar posibles defectos o necesidades de reparación.